El pasado 26 de agosto de 2024, Chile dio un paso significativo en la protección de los derechos de privacidad de sus ciudadanos con la aprobación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley, que homologa los estándares nacionales a los del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, busca regular el tratamiento de datos personales y reforzar las garantías de privacidad para los titulares de dichos datos.
Alineación con los estándares del GDPR: Anonimización y seudonimización
Dado que la nueva ley chilena se basa la legislación europea, incorpora de manera explícita la anonimización y la seudonimización como prácticas recomendadas para el tratamiento seguro de datos personales. Estos métodos se presentan como herramientas esenciales para cumplir con los estrictos requisitos de la ley.
La anonimización se refiere al proceso mediante el cual los datos personales se modifican de tal manera que resulta imposible asociarlos a una persona identificable. Este proceso asegura que, incluso en el caso de que los datos sean accesados de manera no autorizada, no puedan ser utilizados para identificar a un individuo.
Por otro lado, la seudonimización implica reemplazar los identificadores directos de los datos personales (como nombres o números de identificación) con seudónimos u otros valores alternativos. Aunque no elimina por completo la posibilidad de reidentificación, reduce significativamente los riesgos asociados al manejo de datos personales, permitiendo su uso en análisis y otras actividades con un menor riesgo para la privacidad.
Ambas prácticas son recomendadas por la nueva ley como formas de minimizar el riesgo en el tratamiento de datos personales, al tiempo que se facilita el cumplimiento de la normativa.
Impacto de la nueva ley en las empresas y los titulares de datos
La implementación de esta ley trae consigo importantes implicaciones para las empresas que manejan datos personales. Estas organizaciones deberán adoptar medidas como la anonimización y la seudonimización para proteger la información que gestionan, garantizando que solo se utilice para los fines autorizados y bajo estrictas condiciones de seguridad.
Además, la ley refuerza los derechos de los titulares de los datos, que ahora podrán ejercer con mayor claridad derechos como el acceso a sus datos, la rectificación de inexactitudes, la supresión de información, la oposición a su tratamiento y la portabilidad de sus datos a otros proveedores.
Cabe destacar que la ley entrará en vigencia 24 meses después de su publicación, un plazo que permitirá a todos los responsables del tratamiento de datos personales adaptarse a este nuevo régimen. Durante este periodo, las empresas deberán revisar y ajustar sus procesos internos para cumplir con las nuevas exigencias legales, mientras que la Agencia de Protección de Datos Personales, creada por esta ley, supervisará el cumplimiento de las normativas y aplicará sanciones en caso de incumplimiento, las cuales pueden alcanzar hasta 20.000 UTM, una de las multas más altas en la legislación chilena.
Conclusión
La aprobación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales marca un antes y un después en la forma en que se maneja la información personal en Chile. Con la incorporación de herramientas como la anonimización y la seudonimización, las empresas no solo cumplen con la ley, sino que también refuerzan la confianza de sus usuarios y contribuyen a un entorno digital más seguro.
Este avance legislativo no solo protege a los individuos, sino que también posiciona a Chile como un país con altos estándares de protección de datos, facilitando la transferencia internacional de datos y promoviendo una economía digital robusta y confiable. Es el momento para que todas las organizaciones revisen y adapten sus prácticas de manejo de datos, asegurando así el cumplimiento de esta normativa y la protección efectiva de la privacidad de sus usuarios.
